Por Sara Pérez
La primera dama, doña Margarita Cedeño de Fernández, tiene todo el derecho a exigir resarcimientos y a recibir excusas y compensaciones, si no es cierta la acusación específica de que tiene una cuenta millonaria en un banco en el extranjero.
Pero todo dominicano y dominicana tiene derecho a conocer los detalles de la prosperidad financiera de quienes manejan bienes públicos- sin controles confiables- y ocupan funciones proclives a sobornos, macuterismos y tráfico de influencias.
También la gente tiene derecho a averiguar por qué en un país pobre todos los funcionarios son ricos y cómo esos funcionarios pasaron de vivir al borde de la inanición a la categoría de potentados.
Debía aclararse todo lo que ha salido a flote sobre el desenvolvimiento de la distinguida primera dama –no solo lo de la cuenta en Dinamarca, sino el apartamento en París y los aportes, supuestamente sacados de un banco, al financiamiento de su campaña; como debe investigarse la bonanza chillona de Félíx Bautista y su conexión con el Presidente Fernández y los múltiples manejos de Diandino.
El país no puede pretender que ignora, lo que todos los días le estrujan en la cara.
Ningún comunicador debe a calumniar a nadie, pero, por solo mencionar un par de los nuevos magnates, el país en pleno debía saber exactamente cómo se han hecho ricos el "honorable"Abel Martínez, que el otro día andaba con una mano alante y otra atrás, o Reynaldo Pared Pérez, cuya colección de relojes dizque compite con la de Figueroa Agosto o Bienvenido Pérez, que cuando dirigía el comité Máximo Cabral de Santiago era tan pobre que no tenía domicilio, ni dientes y cuando lo nombraron cónsul en Nueva York, de repente acumuló tantas cosas, que hasta le nació una hilera de colmillos, que es la envidia del Conde Drácula.
Es muy loable el altruista interés de la primera dama en ser candidata para cambiar la forma de hacer política en el país, pero la primera diferencia que debía acuñar es precisamente la de transparentar las cuentas, que los políticos en el gobierno suelen insistir en mantener tan turbias.
La primera dama tendrá una participación "diferente" en política el día que prescinda del erario para hacer su campaña y cuando renuncie al asistencialismo clientelista, como estrategia para la captación de adeptos. Ambas técnicas son sintomáticas de la corrupción que campea en el gobierno. Quien utiliza dinero del erario en prácticas clientelistas es un ladrón –o ladrona, para no incurrir en discriminación de género- porque está gastando un dinero que no es suyo, en una inversión política de interés personal.
Quizás la candidata sea lo suficientemente perspicaz para percibir la turbadora similitud que hay entre ella, haciendo entrega de prótesis a un mutilado y Amable Aristy, repartiendo puercos entre los menesterosos, aunque hay una interesante paradoja borgiana en la desnudez cruda y primitiva del gesto de don Amable: Que reparta puercos es como si se repartiera a sí mismo. Lo mejor es no buscarle trasfondos semióticos a las reparticiones de prótesis que hace la primera dama.
Los comunicadores no tienen derecho a hacer imputaciones calumniosas y menos por inclinaciones políticas, animadversiones personales o con intenciones de chantaje, modalidad esta última que se ha puesto tan de moda que hay varias escuelas, algunas considerablemente ruidosas –y ampliamente aceptadas-.
Pero mucho más grave que los excesos de cualquier comunicador irreflexivo es la política de Estado para secuestrar la opinión pública, integrando a la mayor parte de los periodistas del país a las nóminas del gobierno, sobornándolos abiertamente y/o manipulándolos con la distribución de la publicidad, eso sin hablar de las presiones mafiosas a que son sometidos los dueños de medios, en las raras ocasiones que se desvían un poco del libreto que está pautado, implícita o explícitamente.
El gobierno que más ha hecho para envilecer el periodismo no debía tener absolutamente nada qué reclamarle a los comunicadores y el gobierno que utiliza y apadrina al brechero ilegal más famoso y viejo del país, debía limpiar su propio closet, antes de salir a recoger hackeros de segunda y tercera generación, aunque la última versión que rueda es justamente que los hackeros del conflicto están en el patio de los ofendidos.
Ciertamente no "todo se vale" porque se esté en medio de una campaña . El periodismo que no tiene ética en campaña es el que no tiene ética en ningún momento, pero la aplicación masiva de esa regla le corresponde más a los secuaces que a los críticos (aunque algunos de estos sean demasiado coyunturales y su discernimiento desaparezca por completo cuando gobierna el partido que los engancha a botellas) en un país que con toda la bulla que hacen los medios de comunicación, lo grave, lo verdaderamente grave, lo gravísimo, no es lo que dicen y muestran, sino lo que callan y ocultan.
Los comunicadores que hacen acusaciones concretas sobre hechos particulares, deben ser penalizados con los sanciones establecidas por la ley, si no tienen con qué sustentar sus denuncias; pero más importante y primero que eso, debía ser el real acceso a la información de interés público. También los funcionarios deben ser penalizados con las sanciones establecidas por la ley, si no tienen un desempeño satisfactorio y se han robado el presupuesto, como regularmente hacen.
Los bienes públicos son de todos. Debíamos tener mecanismos funcionales para saber cómo se administran y cómo desaparecen y por qué las dependencias gubernamentales tienen tantas precariedades, mientras sus "ministros" nadan en la abundancia, como ellos mismos se empeñan en exhibir.
¿Por qué es la oficina de primera dama y no el "Ministerio de Educación" –dentro de un sistema de educación institucionalizado- que decide la construcción de centros de capacitación tecnológica o de internet, como si fueran regalos personales de doña Margarita? A ella debía darle vergüenza que alguien tenga que sentarse a explicarle que eso es una irregularidad y que de hecho es un atropello y un fraude.
Quienes participan y han participado como cabecillas de la administración pública tienen un atraso de algo más de 500 años en la rendición de cuentas a los habitantes de un país en el que no hay justicia, ni institucionalidad, con un Estado agresor que no respeta los derechos de nadie.
Tenemos un gobierno asesino, que saca a la calle a criminales pringosos de la policía a matar personas, según el criterio de los mafiosos que hay dentro de esa institución. Un gobierno arbitrario que se impone con la actitud de una tiranía para atropellar ciudadanos indefensos, pero completamente incapaz de confrontar el desorden y la falta de autoridad que hay en los aeropuertos, donde se trafica con droga, se cometen toda clase de tropelías e irregularidades, se roban aviones y valores y se desvalijan los ingresos de aduanas, como hicieron tiempo atrás en Santiago y como deben estar haciendo ahora en todas partes.
Un gobierno corrupto y corruptor, con un Presidente brillante para la trapisonda y para conspirar contra la anémica democracia dominicana, pero un pusilánime y cobarde, que se vuelve una sopa, ante las mafias policíacas y militares. En el 1978, Antonio Guzmán, que –para variar- encabezó un gobierno corrupto tuvo la entereza y el sentido de devenir histórico y social de confrontar a los gorilas de Balaguer. En el 2012, Leonel Fernández no se atreve ni a toser duro, cuando está cerca de un cirujano ensangrentado llamado Guzmán Fermín o cualquiera de los otros capos que dirigen las bandas de narcotraficantes, asaltantes y sicarios que proliferan en La policía y las Fuerzas Armadas.
El gobierno que dirige Leonel Fernández y en el que participa doña Margarita, manejando irregularmente un presupuesto abultado que se destina a la promoción de la primera dama, socavando la institucionalidad de numerosas dependencias, ha hecho notables aportes al desorden, la rapiña, el robo, la corrupción, el clientelismo, la discriminación, el atropello contra las mujeres, la arbitrariedad, la inseguridad y el narcotráfico.
La primera dama dijo no estar dispuesta a que alguien pretenda echarle basura encima. Y tiene razón.
Pero qué bueno sería si también el país siguiera ese ejemplo y decidiera no tolerar que ningún político –ni política- le tire más basura encima de la que ha tolerado por 519 años.
