ARIZONA: EVIDENCIA DE DISCRIMEN

Por Perla Franco
Desde Puerto Rico

¿Quién lo diría? Lo que originalmente fue de México y que Estados Unidos le arrebató, es decir, el territorio que comprende los estados de Texas, Nuevo México, California y Arizona, enfrenta en estos días una desgraciada legislación antiinmigrante en éste último, que intenta hacer de ese lugar uno donde no existan inmigrantes indocumentados.

La legislación aprobada en Arizona (SB 1070, por sus siglas en inglés) que discrimina abiertamente contra cualquier individuo indocumentado que se encuentre en ese estado, entrará en vigor el próximo jueves 29 de julio.

En respuesta a esa legislación se han radicado en los tribunales de EEUU siete demandas de individuos y organizaciones en defensa de inmigrantes. México se unió a una de esas demandas.

Pero el pleito más conocido de todos es el que presentó en contra de la referida ley de Arizona el gobierno federal de EEUU a través de su Departamento de Justicia en conjunto con los departamentos de Estado y de Seguridad Interna por considerarla inconstitucional. La misma fue radicada el 7 de este mes de julio. Esa demanda, -que solicitó que se deje sin efecto de manera preliminar la puesta en vigor de la ley- argumenta que un estado no puede establecer su propio estado migratorio porque eso es de la competencia exclusiva del gobierno federal.

Según la abogada Sheila Vélez Martínez, especialista en derecho de inmigración, la demanda alega que esa ley de Arizona viola la llamada cláusula de supremacía del gobierno federal, que es la que establece que un estado no puede disponer de su propio esquema migratorio por encima del federal. Igualmente, que viola la doctrina del “campo ocupado”, en otras palabras, que una vez legislado a nivel federal sobre un tema, los estados no tienen potestad para pasarle por encima con una legislación estatal.

La licenciada Vélez, profesora puertorriqueña visitante de la Universidad de Pensilvania, donde trabaja en la creación de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de esa institución, detalló que el gobierno federal ha rehusado establecer como delito federal el simple hecho de estar en EEUU. “Es delito regresar luego de haber sido deportado, o de entrar por un puerto no autorizado, pero cuando se vencen las visas no es ilegal en sí el que la persona se quede”, argumentó.

La togada sostuvo que “el único modo de regular la inmigración sería con una reforma inmigratoria” que incluya le legalización, el control de las fronteras, el fortalecimiento de la inmigración de familiares, el respeto a la unidad familiar y a los derechos humanos, y no con legislaciones estatales que resultan discriminatorias.

Vélez detalló que la demanda del gobierno federal fue la sexta que se radicó y que el gobierno someterá una moción para que se le asigne a la misma jueza que atenderá otra de las demandas que está citada para verse los días 15 y 22 de este mes.

“Como el gobierno radicó la demanda después que otras estaban corriendo, va a solicitar a través de moción que su caso pase a la jueza Susan Bolton, que ya ha señalado vista para el 15 y el 22 de julio en los casos que ya se habían radicado”, indicó Vélez. Opinó que para el gobierno es importante conseguir esa transferencia para conseguir que vaya a vista antes de que entre en vigor la ley y además, porque el juez que tiene asignada la demanda actualmente decidió en contra de una demanda anterior que impugnaba una ley de Arizona que sancionaba a patronos por contratar inmigrantes.

Según Vélez, la mayor parte de las legislaciones parecidas a las de Arizona que se han tratado de implementar han sido declaradas inválidas por los tribunales. En favor de los inmigrantes y en contra de legislaciones como éstas, Vélez dio a conocer que un estudio de la Universidad de Carolina del Norte encontró que en esos estados en que se han querido imponer legislaciones antiinmigrantes no había grandes problemas de criminalidad y que incluso la inmigración había disminuido. Como dato significativo, Vélez indicó además que más del 50 por ciento de las violaciones que cometen los inmigrantes son las leyes de tránsito.

En resumen, opinó que “esta legislación (de Arizona) anti hispana yo le llamo ‘The Brownie of America’, porque es el grupo hispano el que está creciendo más y el censo espera que de aquí a 30 ó 40 años los hispanos sean la mayoría en Estados Unidos”. Según dijo, ya The New York Times recogió en un reportaje una imagen de una mujer de pelo oscuro y piel quemada, que llamó el “unidentified ethnic look”, refiriéndose a la mezcla que no permite precisar de dónde es ese perfil que será mayoría en el futuro. “Ese es el verdadero problema aquí”, indicó. “Este tipo de legislación crea el ambiente para justificar un perfil racial a discriminar”, indicó.

Por su parte, para la abogada Julie Cruz, una de las cerca de 10 mil miembros de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA, por sus siglas en inglés), dijo que “Obama se ha movido bien tenue” en lo relativo a su promesa de una reforma inmigratoria. Sin embargo, indicó que “los indocumentados han estado dispuestos a pagar impuestos, trabajar y contribuir al país (EEUU) si le dan la alternativa de legalizarse”.

Cruz reconoció que “hay problemas” con la actual ley de inmigración. Por ejemplo, mencionó que hay gente que espera por años por sus familiares reclamados y ante la desesperación de que no se procesen sus solicitudes, llegan ilegalmente a EEUU. “Así comienzan a llegar indocumentados a los estados y hay la percepción de que éstos vienen a quitar trabajos y son unos arrimados”.
Cruz reconoció que la reforma que prometió el presidente Obama es lo que podría evitar que se siga intentando, en por lo menos 23 estados, implementar legislaciones u órdenes ejecutivas antiinmigrantes como la de Arizona, como en California con el “English Only” y en Pensilvania cuando se trató de averiguar el estatus migratorio de una persona antes de alquilarle una residencia.

A juzgar por la demanda federal contra la legislación de Arizona, Cruz cree que Obama lo que ha tratado de conseguir es tiempo para obtener el apoyo del Congreso para la reforma inmigratoria, que podría no tener en este momento. “Para el Congreso eso no es importante, porque son sectores que no votan”, afirmó.

Con 12 millones de indocumentados en ese país, la abogada aseguró que el efecto de la deportación masiva que tendría la ley de Arizona destruiría la economía de ese estado porque los inmigrantes son los que realizan el trabajo que los ciudadanos legales no quieren hacer como cuidar ancianos y tareas de limpieza, entre otros.

Cruz, una de 45 abogados puertorriqueños que pertenecen a AILA, indicó que esa organización suspendió su convención anual que se realizaría en diciembre de este año en Arizona a raíz de la legislación antiinmigrante que aprobó ese estado. Igualmente dijo que se han cancelado eventos como el juego de estrellas de la NBA, y que los Phoenix Suns de ese estado se presentaron en mayo con camisetas que sólo decían Sun, a manera también de protesta por la legislación.