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jueves, 25 de octubre de 2012

INJUSTA SENTENCIA POR DIFAMACION AL ALCALDE SERULLE

Por Fernando Pena La sociedad de Santiago esta estupefacta al enterarse de que la jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros, magistrada Gabriela de Fadul, condenó este miércoles al alcalde de esa ciudad, Gilberto Serulle, al pago de una indemnización de RD$ 1.5 millones y un 30% de su salario, luego de ser encontrado culpable en una demanda sobre difamación e injuria interpuesta por el ex alcalde José Enrique Sued. José Enrique sued es el mismo ex alcalde de Santiago que la Cámara de Cuentas le auditó unas 40 obras por un monto de más de 194 millones, encontrando una diferencia de unos 24 millones de pesos. Pero además, es el mismo ex alcalde que manejo una gestión municipal donde se cubicaron y pagaron obras superiores a las ejecutadas, según las auditorias hechas a 136 obras, las cuales ascienden a más de 472 millones de pesos, donde supuestamente existe una diferencia de 58 millones 320 mil pesos. Durante las auditorias se pudo comprobar la contratación de obras a favor de personas con parentescos con las autoridades pasadas, a las cuales les fueron otorgados avances de dinero, sin evidenciar el inicio de trabajo de las obras, como también la contratación de personas no colegiadas en el Codia. El benemérito José Enrique Sued logro a su favor una sentencia contra el Alcalde de Santiago Gilberto Serulle, ya que la justicia de esta ciudad, la misma que tiene engavetada la querella por corrupción contra Enrique Sued, avalada por documentos y auditorias de la Camara de Cuentas, encontró culpable al alcalde Serulle, quien había acusado a Sued en publicaciones de prensa de desviar más de 40 millones de pesos y sustraer un gredar propiedad del cabildo, lo que a su juicio no pudo probar en los tribunales. El caso se basa en la publicación de una noticia dada a un periodista de El Caribe y publicada hace dos anos, declaraciones dada en medio del fragor de la entrega del Gobierno Municipal, donde el alcalde entrante Gilberto Serulle recibía datos e informaciones de momentos, algunas de las cuales pudo verificar, y otras rechazar, a medida que investigaba y comprobabas las mismas, como la que se llevo a los tribunales y por la cual se le condena por difamación e injuria. Fue una noticia dada al momento, no se trata de que el alcalde Gilberto Serulle emprendió una “campaña sistemática” en contra del presunto agraviado, porque solo se publicó una nota sobre el personaje en cuestión. Creo, afirmo que la sentencia ignora que la protección a la libertad de expresión frente a funcionarios públicos o postulantes a serlo resulta sagrada, es mayor. Veamos lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia: 39.” Las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ejercer cargos públicos también gozan de un nivel especial de protección bajo la Convención Americana, por las mismas razones que explican la protección especial del discurso político y sobre asuntos de interés público. 40. Como se mencionó, el control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre su gestión, así como la participación ciudadana más amplia. Por ello, en el contexto democrático, las expresiones sobre funcionarios públicos o personas que ejercen funciones públicas, así como sobre los candidatos a ejercer cargos públicos, deben gozar de un margen de apertura particularmente reforzado. En este sentido, los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, en una sociedad democrática, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública. En efecto, debido a su condición — que implica una mayor influencia social y mayor facilidad de acceso a los medios de comunicación — éstos tienen más posibilidades de dar explicaciones o responder a los cuestionamientos o las críticas que se les formulen” La Sociedad de Santiago espera que la sentencia contra el alcalde Gilberto Serulle, pueda ser revertida en una instancia superior. Claro, nadie se niega a que los funcionarios públicos y hasta los periodistas asuman responsabilidades cuando no hacen bien su trabajo, o no fundamentan bien sus denuncias o noticias, pero tampoco resulta factible que se sancione, sin fundamento alguno, a quienes actúan con responsabilidad y transparencia. De igual manera la sociedad de Santiago espera que la eficiencia, la rapidez que ha exhibido la justicia local, la aplique para conocer la querella que está depositada en sus tribunales, y que abaladas por documentos, testimonios y auditorias de la Cámara de Cuenta, acusa al ex alcalde José Enrique Sued de complicidad, prevaricación e enriquecimiento ilícitos. La pregunta clave aquí -más allá de lo legal- es: ¿es verdad que José Enrique Sued, tal como lo dicen las auditorias de la Cámara de Cuentas permitió, cometió acto de corrupción en su gestión municipal? Y ¿Por qué la justicia de Santiago ha engavetado esos expedientes? Quizás si toman el caso, se darán cuenta los jueces que no son afirmativas que cruzan o estarían en la delgada línea entre la calumnia y la ligereza. Al parecer, en Santiago, en el tema de administración de justicia, esta al revés y de cabeza a la misma vez. El autor es periodista Fernandop25_@hotmai.com

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